Cuando la iniciativa privada falla para resolver las externalidades puede estar justificada la intervención del Estado.
Dado que el Estado no puede eliminarlas totalmente, su tarea es ayudar al sector privado a lograr el nivel socialmente eficiente, inducir a las personas y a las empresas a actuar de tal forma que tengan en cuenta las repercusiones de sus actos en las demás. Luego el Estado tratará de corregir esta deficiencia y así intentar maximizar el beneficio total de la sociedad.
Ante la presencia de Estado, puede responder de dos formas:
- Regulación directa: medida de orden y control que regula la conducta, es decir, el Estado fija límites a la producción de externalidades para que produzca la cantidad eficiente.
El Estado puede resolver una externalidad exigiendo o prohibiendo determinadas conductas.
Por ejemplo, constituye delito verte sustancias nocivas a los ríos o hay una cuota máxima de vertimiento. El problema que tiene este tipo de regulación, es que las entidades fiscales que utilizan este medio necesitan conocer los detalles de las industrias, sus procesos, etc... y la ventaja es que se reduce la incertidumbre.
- Soluciones basadas en el mercado: son de tres tipos:
- Multas e impuestos: de modo que el impacto económico de las externalidades afecte directamente a la parte que la origina y por lo tanto la tenga en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Luego lo que se va a hacer es poner multas o impuestos en función de la contaminación que emita cada fábrica o unidad de explotación.
Cabe destacar el impuesto pigouviano que son impuestos aprobados para corregir los efectos de las externalidades negativas.
Este gráfico muestra el nivel eficiente de producción con un impuesto a la contaminación:
2. Permisos transferibles de contaminación: los permisos transferibles permiten mayor certeza sobre el nivel de contaminación que las multas, pero la asignación inicial de los mismos es problemática. Si los costes de la contaminación dependen del lugar donde se produzcan los problemas de los permisos son mayores.
De esta forma, acabará surgiendo un mercado para negociar los permisos, el que se regirá por la ley de la pferta y la demanda. La disposición a pagar de las empresas dependerá del costo que tiene para ellas el reducir la contaminación.
La distribución inicial de los permisos no importa desde el punto de vista de la eficiencia.
3. Subvenciones: destinadas a paliar los efectos de las externalidades. Se ofrece una subvención al causante del daño para que cubra los costes de adoptar una tecnología (o un comportamiento) menos contaminante.
Pero puede ocurrir que dependiendo del tipo de subvención, se reduzca la contaminación por unidad de producto pero la empresa produzca más y contamine más.
Conclusión:
Los diferentes sistemas tienen consecuencias distributivas muy distintas. Las empresas resultan más perjudicadas por las multas que por la regulación y menos aún por las subvenciones.
Aunque los que salen ganando con un sistema de multas podrían compensar en principio a los que salen perdiendo, en la realidad raras veces se efectúan esas compensaciones.
Cuando hay efectos externos, como la contaminación, para evaluar un resultado del mercado hay que tener en cuanta también el bienestar de terceras partes. En este caso, la mano invisible del mercado puede no asignar eficientemente los recursos.
En algunos casos, los individuos pueden resolver por si solos el problema de la externalidad como se explica en el teorema de Coase. Sin embargo, a veces no es posible llegar a un acuerdo eficiente y en este punto es cuando el estado debe intervenir.
Las fuerzas del mercado, debidamente reorientadas, suelen ser la mejor solución para resolver los fallos del mercado.
Enlaces de interés:
No hay comentarios:
Publicar un comentario